Repudian ataques a medios
Los diputados porteños rechazaron “enérgicamente” los actos violentos en Tiempo Argentino y Radio América y aprobaron un pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad para que explique el accionar de la Policía Federal en ese conflicto.
Ante la preocupación y los diversos proyectos presentados al respecto por distintos legisladores y bancadas, la Legislatura finalmente votó un proyecto de declaración con texto consensuado y un proyecto de resolución con pedidos de informes de contenido igualmente consensuado. Este jueves ambos se aprobaron por unanimidad.
El repudio de la declaración se refiere a los incidentes acaecidos en la madrugada del lunes 4 de julio último, cuando grupos de atacantes irrumpieron en las instalaciones de ambos medios de comunicación, en calle Amenábar N° 23 del barrio Colegiales, y provocaron destrozos “poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores”, como recordaron los legisladores.
“Asimismo, (La Legislatura) manifiesta su solidaridad con las víctimas y solicita la mayor celeridad para esclarecer los hechos e identificar a los agresores. Por último, ratifica su compromiso con la preservación de las fuentes laborales y la plena vigencia de la libertad de prensa”, agrega el pronunciamiento.
Pedido de Informes
El cuerpo parlamentario dio un plazo reglamentario de 30 días al Ejecutivo para que “informe las actuaciones de la Policía Federal” en relación con los incidentes en esos medios de comunicación. Se pide detalles de “qué organismo autorizó la intervención de la Policía Federal en el lugar; describir cuál fue el motivo de la misma y quien firmó la solicitud”. También se solicita detalle de efectivos, móviles, comisarías, “cantidad de detenidos y demorados, si los hubiere, y motivos de la detención”.
Los legisladores también quieren saber si “otras fuerzas de seguridad” participaron de los operativos y reclaman “copia de las cartas de llamado al 911 y de todas las modulaciones del Departamento Federal de Emergencias relacionadas con los hechos”. También se pide informes del procedimiento del operativo de forma detallada, “horario que comenzó, protocolo de actuación, sucesión de cada una de las actuaciones y toda otra información que pueda ser de relevancia”.
Igualmente se pregunta “si existió requerimiento por parte de la fiscal Andrade hacia la fuerza pública para intervenir” y si el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad “ha tomado conocimiento de lo actuado y ha procedido a alguna medida administrativa interna sobre la actuación policial”. Además, que el Ejecutivo “informe si se inició sumario administrativo interno por el accionar de los efectivos de la Policía Federal”.
Otros repudios
La Legislatura también expresó "su más enérgico repudio por los hechos de violencia y el ataque, con robo de pertenencias, a la parroquia "Nuestra Señora de Fátima" del barrio Isla Maciel, Avellaneda", ocurrido en la madrugada del 2 de julio último. Fue una propuesta del diputado Javier Andrade.
A su vez, por iniciativa de María Rosa Muiños el cuerpo también "manifiesta su preocupación por el robo acaecido el día 2 de julio de 2016 al local de la secretaría general del Partido Justicialista Comuna 1 -Víctor Cantero, en la calle Perú 1261, donde funcionan el Centro Cultural "Martín Fierro" y el Centro de Jubilados "Tita".
A 50 años de "La noche de los bastones largos"
Por otro lado, se colocará una placa de mármol en el interior de la Manzana de las Luces, sede de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en 1966, con la siguiente leyenda: "A 50 años de la intervención, ocupación y desalojo de las universidades nacionales por el gobierno de facto instaurado el 28 de julio de 1966, recordada como La noche de los bastones largos. Homenaje de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1966 - 29 de julio - 2016".
Cientos de profesores, alumnos, graduados y no docentes ocuparon varios de los edificios de las facultades en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra cuando fueron salvajemente golpeados por la Guardia de Infantería de la Policía Federal, enviados por el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía, quien decretó la intervención a las universidades nacionales.
